Conferencias de Unidad Editorial

ENERGÍA
RD de Conexión de Instalaciones de Pequeña Potencia

Conozca el contenido del nuevo RD de Regulación de la Conexión a Red de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica de Pequeña Potencia, por el que se establecen las condiciones administrativas y técnicas básicas para la interconexión a la red de baja o a la de tensión hasta 25 kw de las instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, a partir de energías renovables y de cogeneración. Con este nuevo marco normativo se reducirá la incertidumbre de ejecución y el tiempo de maduración de los proyectos, reduciéndose también su coste y aumentando su rentabilidad. Con todo ello, mejorará el coste de generación eléctrica (LCOE), lo que supondrá un estímulo para el crecimiento de este mercado y la configuración del sistema eléctrico actual.

Publicado el 2 Septiembre 2010 · Ver más...

Nuevo Plan General Contable del Sector Público

España estará en consonancia con las leyes europeas

Sara M. Calahorrano
El pasado 13 de abril, se aprobó el Plan General de Contabilidad (PGC), que tiene carácter de plan contable marco para todas las administraciones públicas y que será de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2011. Los objetivos del nuevo plan son la homogeneización de los criterios contables aplicados por las distintas administraciones y la armonización de estos principios con los utilizados por las empresas privadas.

En el nuevo PGC, se añaden dos nuevos estados: el de cambios en el patrimonio neto y el de flujos de efectivo. La memoria incluye una información más amplia y detallada, y los criterios de valoración incorporan el valor razonable y el coste armonizado. Además, supone la actualización contable de España en consonancia con la normativa internacional.

Lo corrobora Vicente Montesinos Julve, presidente de la Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), cuando dice que "el Nuevo Plan General de Contabilidad Pública supone la adaptación del plan actual al marco normativo internacional y al PGC empresarial de 2007". " La introducción de nuevos estados financieros entre las cuentas anuales, como el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto son novedades significativas, así como los nuevos criterios de reconocimiento y valoración", explica.

¿Es correcta la homogeneiciación de los criterios contables aplicados por las diferentes administraciones públicas? "La nueva norma es un plan marco que primero se aplicará en la Administración General del Estado y, posteriormente, se adaptará a la contabilidad de las comunidades autónomas y las entidades locales. No hay otra opción", afirma Montesinos.

El reconocimiento en contabilidad de las infraestructuras públicas, el tratamiento de los activos y pasivos financieros y el protagonismo del valor razonable destacan en la nueva norma. "La presentación de la imagen fiel del patrimonio, situación financiera, resultados y ejecución del presupuesto es un objetivo que se plantea de una forma más exigente que en el plan actual", explica. Por otra parte, "la aproximación a los criterios empresariales conlleva igualmente la introducción de importantes reformas, en línea con las producidas en la contabilidad empresarial con el PGC de 2007", añade.

A partir del nuevo plan, ¿cómo se elaborarán las cuentas anuales? Lógicamente, "se elaborarán a partir de la información resultante de aplicar las nuevas normas de reconocimiento y valoración de las operaciones de las entidades públicas", indica Montesinos. "La presentación de dos nuevos estados es la innovación más importante, junto con una estructura más acorde con la realidad económica del resto de cuentas anuales", apunta. Sin embargo, añade, en materia de información presupuestaria, "el nuevo plan no introduce cambios significativos respecto a la situación actual".

También hay novedades en materia de contabilidad de los ingresos y subvenciones, "se introducen nuevas normas para la contabilidad de las infraestructuras públicas y aparecen nuevas categorías de inmovilizado, como los activos en estado de venta", asegura Montesinos. "En materia de endeudamiento, se aplican los criterios de los pasivos financieros, con predominio del valor actual de la deuda sobre su valor nominal", añade.

Hay que tener claro que el nuevo plan no se aplica a las normas internacionales, sino que éstas se aplican a través de él. En efecto, "en la elaboración de la nueva norma se han tomado en consideración las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, así que puede decirse que está adaptado a esta normativa internacional, con todo lo que supone de armonización y comparación de la información financiera de las entidades públicas", explica Montesinos.

¿Y cómo contribuir a una mayor transparencia en la gestión y en las cuentas? "La comparación de la información es un requisito fundamental para la transparencia, y éste es un objetivo prioritario en el nuevo plan", afirma.

Las nuevas perspectivas ante el proceso de reforma y modernización de la contabilidad pública "son las de una aplicación efectiva de una contabilidad por devengo y la consecución de una información financiera compresible y a disposición de todos los ciudadanos", cuenta Montesinos.

Sin embargo, "queda pendiente la implantación de una contabilidad de costes y la publicación de indicadores de gestión, materias en las que nos encontramos tremendamente retrasados con respecto a los países del norte de Europa", sentencia.

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SANIDAD
Seguridad del Paciente

Experiencias prácticas y metodologías para la identificación de efectos adversos y diseño de estrategias preventivas.

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LEGAL Y FISCAL
Nueva Ley de Morosidad en Operaciones Comerciales

"Se ha materializado un posible cambio estructural del sistema económico-financiero español"

Sara M. Calahorrano

España sigue ocupando uno de los primeros puestos del ranking europeo de demoras en los cobros. Cinco años después de la entrada en vigor de la Ley 3/2004 contra la morosidad en las operaciones comerciales, sólo es aplicada por un pequeño porcentaje de las empresas y administraciones españolas.

Ante esta situación, el Pleno del Senado aprobó el pasado 9 de junio de 2010 una reforma de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La nueva Ley de Morosidad busca atajar los problemas de liquidez y viabilidad que está provocando en pequeñas y medianas empresas y autónomos la morosidad y el alargamiento de los plazos de pago de facturas, tanto por parte de las administraciones como de las empresas.

El texto establece en un máximo de 30 días el plazo par que la Administración pague las facturas a las empresas, y de 60 días el correspondiente para que las empresas paguen a proveedores y subcontratas. Además, prohibe la posibilidad de que las partes acuerden periodos de pago distintos a los fijados por la ley. Para facilitar la adaptación a esta nueva situación, se permitirá una reducción escalonada de los plazos, hasta el punto de no retorno de 2013. Así, las empresas deberán pagar sus facturas a sus proveedores en no más de 85 días desde la entrada en vigor de la ley, en no más de 75 días en 2012 y en 60 días desde el 1 de enero de 2013.

"La nueva legislación de lucha contra la morosidad, impulsada por la Plataforma Multisectorial de Lucha contra la Morosidad (PMCM), va a tener un importante papel para el sistema económico español. Gracias a esta reforma legislativa se ha materializado un posible cambio estructural del sistema económico-financiero español que permite abrir la puerta para que España no esté en el furgón de cola de los plazos de pago", afirma Pere J. Brachfields, profesor y director del Área de Morosología EAE Business School y asesor de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad.

No obstante, "la nueva legislación no ha recogido todas las aspiraciones de los empresarios", indica. "Una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado establecía que en el plazo máximo de tres meses los contratos en vigor se adaptarían a los plazos de pago establecidos en la disposición transitoria de la Ley. Esta importante disposición quería prever una ordenada adaptación de los plazos de pago de los contratos en vigor para garantizar el objetivo de la medida pero no fue revalidada por el Congreso. Otra enmienda transaccional que no superó el trámite legislativo en el Senado era la de introducir un régimen general de infracciones y sanciones en la futura Ley" explica Brachfields y añade que se espera que "el Gobierno incluya en la futura LES esta normativa".

¿Qué acciones se pueden emprender para reclamar los impagos a las empresas morosas? "El acreedor puede comenzar la gestión del impago a las 24 horas del vencimiento de la factura por la vía extrajudicial. Lo mejor es enviar una carta y también un correo electrónico al deudor indicando que debe cancelar la deuda en un plazo de 48 horas, ya que de lo contrario se le reclamarán los intereses de demora que marca la Ley Contra la Morosidad", declara Brachfields.

Normalmente, "se puede solicitar un informe sobre la situación financiera del moroso y averiguar sus ingresos, deudas, patrimonio, posibles demandas de otros acreedores, etcétera, al tiempo que se contacta personalmente con el deudor para negociar un arreglo amistoso: proponer una solución pragmática evitando las confrontaciones, aunque sea a base de fraccionar el pago de la deuda en cómodos plazos; intentar conseguir un reconocimiento de deuda con pagarés o letras y, si es posible, que estén avaladas por los socios u otras personas solventes, etcétera", explica.

Sin embargo, "cuando el deudor se niega a dar la cara, da largas o incumple los compromisos de pago hay que reclamar el impagado por conducto fehaciente añadiendo al importe de la factura los intereses moratorios devengados y los gastos de cobranza de acuerdo con lo estipulado en la Ley 3/2004, es decir, pasados más de dos meses del vencimiento de la factura es aconsejable recurrir a profesionales de la recuperación de impagados o bufetes de abogado para que inicien la reclamación", sentencia.

¿Qué acciones se pueden emprender para reclamar los impagos de las administraciones? "La nueva ley ha implantado un procedimiento ágil y efectivo para reclamar las deudas a las administraciones públicas", declara Brachfields. "Este procedimiento ya ha sido denominado por algunos juristas como 'un procedimiento monitorio sui generis contra los poderes públicos' y que si se aplica puede ser revolucionario para conseguir el cobro de la Administración. Asimismo, la Administración deberá pagar elevados intereses de demora a los contratistas y proveedores, en la actualidad un 8% anual, y reembolsar todos los gastos que ha tenido el acreedor para recobrar su dinero", explica.

En cuanto a los instrumentos más adecuados para controlar el riesgo y prevenir la morosidad, Brachfield aconseja establecer "una política de créditos y un manual de procedimientos, es decir, redactar una política de créditos y cobros coherente con la situación y un decálogo de procedimientos que contenga las normas de actuación en materia de concesión de créditos".
Además, añade, "es vital pedir un informe jurídico sobre todo nuevo cliente para estar seguros de qué tipo de sociedad tendremos como deudor, si está correctamente constituida y registrada y cuál es su responsabilidad legal y la de sus socios en caso de impago". También asegura que "hay que cuidar la documentación mercantil que acredita la relación contractual con el cliente, hacer firmar a los clientes un buen contrato redactado por la asesoría jurídica".

La documentación necesaria para reclamar una deuda derivada de un impago comercial consiste en tres documentos: un pedido, un albarán y una factura. Con la posesión de estos tres documentos mercantiles, el acreedor verá totalmente blindado su derecho de cobro y podrá demostrar perfectamente la existencia de una deuda.

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INFRAESTRUCTURAS/OBRAS PUBLICAS/SERVICIOS
Nuevos Planes Nacionales y Autonómicos de Carreteras

Sara M. Calahorrano

A pesar del contexto económico actual, la modernización y mejora de la red de carreteras sigue siendo una de las grandes apuestas tanto de la Administración central como de las autonómicas. Más de dos años después de ser adjudicados los primeros tramos del Plan Renove de las autovías más antiguas, el Ministerio de Fomento va a desbloquear este programa de inversiones valorado en más de 6.300 millones de euros, donde está prevista la colaboración público-privada.

Algunas autonomías han presentado planes de infraestructuras, donde van a utilizar modelos con iniciativa público-privada para financiar vías de altas prestaciones y para llevar a cabo planes de mantenimiento, conservación y modernización de sus carreteras.

El Grupo Ortiz, patrocinador del encuentro, desarrolla su 50º Aniversario con un cambio de sede que coincide con su expansión. En los útlimos años ha experimentado un crecimiento positivo gracias a la diversificación del negocio, la expansión internacional y la compra de empresas que se han unido al grupo. De ahí nace la necesidad de trasladar su sede a unos edificios más amplios y con mayor capacidad para comenzar una nueva etapa.

Las nuevas sedes son dos edificios muy singulares por su estructura, de grandes pórticos de hormigón y aproximadamente 10.000 metros cuadrados cada uno, que han sido construidos con el propósito de incorporar en ellos técnicas constructivas y medios de producción que consiguen un elevado índice de eficiencia energética y un máximo confort para sus empleados.

Entre las medidas bioclimáticas adoptadas destacan, entre todas, el uso de energías renovalbes de alta eficacia energética, el ahorro energético tanto en iluminación como en control térmico y generación eléctrica, la utilización de un intercambiador geotérmico tierra-aire para la distribución del aire, ventilación exterior o cruzada nocturna, el uso de equipos de enfriamiento de agua por absorción, etcétera. Todo ello hace que sean unos edificios, que siguiendo las exigencias del Código Técnico de Edificación, alcanzan la máxima califiación bioclimática.

El principal objetivo del grupo es"lograr el máximo nivel de satisfacción de clientes, proveedores y empleados. Para ello, las empresas que componen el Grupo Ortiz cuentan con capacidad humana, para dar respuestas rápidas y eficaces a los retos que diariamente se plantean; capacidad técnica en una plantilla altamente cualificada y capacidad financiera, tan necesaria y determinante en los tiempos actuales y que convierte al grupo en uno de los referentes más firmes del secor de la construcción".

Grupo Ortiz participará en gran parte de los planes nacionales y autonómicos de carreteras, donde, por ejemplo, El Plan de Conservación de Carreteras 2008-2013 del Gobierno de Aragón se ejecutará a través de los correspondientes contratos de concesión en ocho sectores.

Andalucía tiene prevista una inversión de 2.891 millones de euros en carreteras dentro del marco de colaboración público-privada de la Junta de Andalucía. La Comunidad Valenciana cuenta con el Plan de Infraestructuras Estratégicas 2010-2020, que se basa en tres principios fundamentales: movilidad, sostenibilidad e intermodalidad.

El Gobierno de Navarra ha resuelto la fase de información pública y audiencia y ha comenzado el III Plan Director de Carreteras de Navarra 2009-2016, que contempla actuaciones en casi 1.000 kilómetros de la red y una inversión estimada en 1.612 millones de euros.
Madrid realizará, hasta el final de la legislatura, la duplicación de las calzadas M-509 y M-609, la mejora del casco urbano y las variantes de Valdelaguna y Villar del Olmo.

Extremadura cuenta con el Plan de Infraestructuras Viarias 2008-2015, con una inversión de 4.055 millones para autovías, acondicionamiento y seguridad vial. Por último, Galicia realizará nuevas actuaciones dentro de su Plan de Movilidad y Ordenación Viaria Estratégica de Galicia Plan Move 2010-2015.

El detalle de la cartera de pedidos del Grupo Ortiz demuestra la estabilidad de sus negocios y las buenas perspectivas empresariales a pesar de la incertidumbre del entorno económico. En el área de negocio de construcción la cartera contratada para realizar en 2010 cubre el 94% de la cifra de producción realizada en 2.009, y el resto contratado asegura la producción de 1,5 años a partir de 2.011. El área de negocio de Energía presenta una consistencia de futuro similar al área de negocio de construcción, teniendo una cobertura del 84% de la producción de 2010 con contratos firmados al cierre de 2009.

En el área de negocio Inmobiliario, donde como ya hemos comentado se ha producido un retroceso en la cifra de negocio en 2009 respecto a años anteriores, existe una muy buena cartera en los edificios en inicio y en curso de construcción, todos ellos de régimen de vivienda pública en venta o en alquiler con opción de compra, tipología de vivienda que no ha sufrido el efecto de la crisis del sector inmobiliario. La cartera refleja las cifras que supone la previsión de entregas de viviendas, que es cuando se produce el reconocimiento contable de los ingresos, y que asciende a 29 millones de € en 2010 y 81 millones de euros en 2011. No obstante, durante todo este periodo la actividad de la empresa es mayor que la que aparenta la cifra de negocio, toda vez que aunque la venta se registra en el momento de la entrega de la vivienda, todo el proceso de la construcción de la edificación está en curso durante los años previos.

Finalmente, en cuanto al área de negocio de Concesiones, al corresponder este negocio con contratos de explotación de la concesión de muy larga duración, aparece una cifra muy elevada de cartera ejecutable a partir de 2011. También hay que considerar que buena parte de las concesiones actuales están al inicio del periodo concesional, momento en el que no se han alcanzado ni los ingresos ni los rendimientos que se obtendrán una vez superado el proceso de arranque.

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SANIDAD
Real Decreto sobre Receta y Orden Hospitalaria de Dispensación

El pasado 31 de mayo se presentó el Proyecto de Real Decreto sobre receta médica y órdenes de dispensación que regulará el funcionamiento de la receta médica, pública y privada, así como la receta electrónica y las órdenes de dispensación de medicamentos. Jornada Práctica para clarificar todas las novedades que incorporará el nuevo Real Decreto.

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